La experiencia colombiana abre el debate sobre los desafíos de una transición energética justa en América Latina

Bogotá, 27 de octubre de 2026. ¿Qué lecciones ofrece la experiencia colombiana para avanzar hacia una transición energética justa en América Latina y el Caribe? Esta fue una de las principales preguntas que orientaron el encuentro Diálogos sobre democracia, transición energética justa y propuestas para América Latina y el Caribe a partir de la experiencia colombiana, organizado por la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE), integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil de nueve países.

Durante el espacio se analizaron los logros y dificultades de la política impulsada en el gobierno de Gustavo Petro. Sobre los avances, Luis Álvaro Pardo, exdirector de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, destacó “los avances alcanzados durante el gobierno de Petro en la incorporación de criterios de justicia en el debate sobre transición energética, la apertura de espacios de participación comunitaria y el desarrollo de regulaciones y programas estratégicos”.

Sin embargo, frente a las barreras de implementación, Pardo advirtió “la persistencia de estructuras institucionales y regulatorias vinculadas al modelo extractivo, las limitaciones de capacidad institucional y las expectativas de concretar transformaciones profundas en plazos reducidos”.

A estas dificultades se suma el deterioro de las garantías cívicas. Al respecto, Luis Felipe Jiménez, de Foro Nacional por Colombia, alertó sobre “el retroceso de la gobernanza socio ambiental en el sector minero-energético, mediante el progresivo debilitamiento de la participación ciudadana, el espacio cívico, la criminalización de la protesta, así como de la consulta previa, en procesos de planificación e implementación de proyectos extractivos por parte de gobiernos e instituciones financieras”.

La experiencia colombiana evidencia así un reto urgente para la región: cómo construir políticas energéticas de largo plazo, con respaldo social e institucional, que puedan sostenerse más allá de los ciclos políticos de cada gobierno.

A partir del análisis colombiano, representantes de la RLIE examinaron los retos regionales en un contexto internacional de alta competencia geopolítica. Sobre la dependencia energética global, Raúl Velásquez, de Fundación Jubileo (Bolivia), sustentó que al 2025 el 86% de la oferta energética mundial fue de fuente fósil y el 71% del

consumo se concentró en doce países, enfatizando que “la transición energética debe abordar no solo la generación de energía, sino también los patrones de consumo, la dependencia de combustibles fósiles y la necesidad de fortalecer la planificación energética y fiscal”.

Por su parte, Gonzalo Roza, de FUNDEPS (Argentina), destacó que “estos minerales han adquirido una importancia creciente no solo para la transición energética, sino también para la seguridad nacional y el desarrollo tecnológico de las principales potencias mundiales”. Ante este escenario, los participantes advirtieron sobre el riesgo de responder a la demanda internacional acelerando la extracción sin una planificación que considere las necesidades locales, repitiendo patrones de degradación ambiental, despojo territorial, corrupción y crisis energética.

Para contrarrestar estos riesgos, Denisse Linares, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú), resaltó “la importancia de fortalecer la articulación entre organizaciones de la sociedad civil para impulsar políticas de transición energética basadas en la planificación de largo plazo, la participación ciudadana, la protección ambiental y el respeto de los derechos de las comunidades”.

En este marco, la RLIE destacó su alianza con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para impulsar propuestas de transición justa en la Amazonía, centradas en la autodeterminación, la soberanía energética y los derechos humanos. Finalmente, la Red anunció la consolidación de su Plan de Trabajo 2027–2030 con el propósito de continuar generando análisis y propuestas para una gobernanza democrática de los sectores extractivo y energético en la región.

Sobre la RLIE

Creada en 2009, la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) está integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil: Fundar (México), CONGCOOP (Guatemala), Cooperacción, Grupo Propuesta Ciudadana y DAR (Perú), CEDLA y Fundación Jubileo (Bolivia), Fundación Terram (Chile), Foro Nacional por Colombia, Grupo Faro (Ecuador), Ibase (Brasil) y Fundeps (Argentina).

Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP), Cooperacción, Grupo Propuesta Ciudadana, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Fundación Jubileo, Fundación Terram, Foro Nacional por Colombia, Grupo Faro, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps). A través de la investigación y difusión de información, la RLIE contribuye a la construcción de visiones y acciones que respeten y refuercen derechos de las personas y de la tierra, en el marco de las políticas relacionadas con insdustrias extractivas en la región.