Bogotá, 12 de junio de 2025. Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), expresamos nuestra profunda preocupación frente a la expedición por parte del Presidente de la República de un decreto con el objetivo de convocar una consulta popular para avanzar en reformas estructurales, a pesar de que esta iniciativa ya fue negada por el Congreso de la República, conforme al procedimiento previsto por la Constitución.
Esta decisión al margen del Congreso y del orden constitucional representa un grave riesgo para la estabilidad institucional, vulnera el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución y amenaza los fundamentos del Estado Social de Derecho en Colombia.
El Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene el deber de actuar en el marco de las competencias, procedimientos y términos que le fijan la Constitución y la ley, con el único fin de asegurar a los colombianos mejores condiciones dentro de un marco jurídico que garantice el debido proceso, la confianza legítima y la institucionalidad.
Hacemos un llamado a la Corte Constitucional y a la Rama Judicial en su conjunto para que, en estricto apego al marco legal vigente, garanticen el respeto a la Constitución y los mecanismos establecidos para la toma de decisiones del Estado. Proteger la institucionalidad es proteger los derechos, las libertades y el bienestar de todos los ciudadanos.
Como gremio que representa una de las principales cadenas productivas del país, reafirmamos que la salvaguarda de la Constitución es condición esencial para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento social y económico. El camino de la confrontación política y el desconocimiento de los principios en que se funda Colombia como estado social de derecho, sólo debilita la confianza en el país y deteriora su capacidad de avanzar hacia una agenda de bienestar colectivo.
